Déficit fiscal, inflación y Fondo Monetario son sin duda los tres temas centrales que nos han convulsionado y angustiado a los argentinos en las últimas semanas. Pero esto es solo la superficie del problema. Esto es lo que aparece, pero no es la verdad oculta y profunda. Sería un reduccionismo analítico y una irresponsabilidad histórica pensar que esta ha sido una simple crisis cambiaria o que ella se soluciona con un mero cambio de gabinete.

Estamos frente a un problema sistémico que se arrastra desde hace 40 años y que ningún gobierno ha podido solucionar. La actual crisis no es otra cosa que la repetición de idénticas convulsiones sociales y económicas que se han dado cada 14 o 1 5 años. Tienen un denominador común que es la pérdida de confianza del argentino en su moneda. Y un déficit fiscal constante alimentado por deuda externa.

El Rodrigazo, en 1975, en un gobierno peronista. La crisis del Plan Austral en 1987 y el default de deuda soberana más grande del siglo XX en el 2001, en gobiernos radicales. La devaluación del 2008, el cepo cambiario y el cierre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) bajo el Gobierno kirchnerista. Y ahora, en el 2018, sucede lo mismo en el Gobierno de Cambiemos. Quizás lo diferente sea la profundidad de la crisis, pero no su causa profunda.

Lo que está en crisis, en realidad, es un modelo de país y no un simple sistema cambiario o un descontrolado déficit fiscal. Se trata de un modelo de país con baja o nula confianza en la ley y en la Justicia, y con muy alta impunidad de la corrupción y su hermana melliza, que es la desigualdad en el ingreso medida por el índice de Gini, que en Argentina es de casi 50. Es sabido que en el siglo XXI la riqueza de las naciones pasa por la riqueza de sus instituciones. Una sociedad divorciada de la Justicia y desconfiada de la ley carece de seguridad jurídica y sin ella no hay programa económico que funcione. Esto no es poesía ni principismo, sino economía y política en serio, el realismo indispensable con el que se debe partir para cualquier acuerdo nacional serio.

Ese modelo es el que debe ser cambiado. No es solamente crisis cambiaria. Y un modelo es una estructura que comprende al sistema político, al sistema judicial y al sistema económico. El modelo que explotó en el 2001 desgraciadamente sigue vigente en el 2018, con muy pocas modificaciones.

Políticas públicas a diez años

-Reducción del déficit fiscal para llegar en un plazo de 5 años a los estándares legales europeos. Pero, a diferencia de otros programas de reducción de costo fiscal, esta reducción debe comenzar con el costo de la corrupción para el Estado. El informe sobre desconfianza social en la Justicia del Colegio de Abogados de Córdoba muestra el costo directo de la corrupción en los últimos 10 años a 20 mil millones de dólares. Y esto es solo el costo el directo. Únicamente así podrán aceptarlo los sectores sociales afectados por la reducción del costo fiscal.

-Cambio en la política judicial y criminal del Estado, de tal modo de terminar con la impunidad de los delitos del poder. No se trata solamente de reformas a los Códigos Penales o Procesales, como han intentado en los 34 años de democracia, sino de cambios de políticas que modifiquen la dirección de la persecución penal del Estado y que la dirijan contra la corrupción del poder. Esta es la única manera de lograr recupero de confianza social en la ley y en la Justicia. La inflación no es otra cosa que la pérdida de confianza en la moneda. Un país que no confía en su Justicia no puede confiar en su moneda. Las encuestas realizadas en Córdoba en los últimos 20 años demuestran que el 82% de los argentinos declara tener escasa, baja o nula confianza en la Justicia. Sin recupero de confianza en la Justicia y en la ley, no hay ningún programa económico posible.

-No puede ser que en la Argentina haya dirigentes que duren 50 años en el Poder. No puede ser que haya procesados por actos de corrupción y lavado que sigan ejerciendo cargos políticos. No puede ser que los procesos judiciales por corrupción duren 14 años y tengan solo un 4% de índice de condena. No puede ser que haya ministros del Gobierno que tengan depósitos en paraísos fiscales. No puede ser que los jueces argentinos tengan el privilegio de no pagar impuestos a las ganancias. No puede ser que el Estado no recupere nunca los bienes robados por la corrupción. Estas son vergüenzas argentinas que están detrás de la crisis actual. Si ellas no se corrigen, ningún programa económico será sustentable, porque, en la medida que el argentino siga desconfiando de la Justicia y de la ley, seguirá desconfiando de su moneda y de su gobierno. Y todo seguirá igual.

-En este acuerdo nacional, en cuarto lugar debe figurar el compromiso de todos los actores sociales y políticos argentinos sobre metas y plazos de ejecución a diez años en políticas sectoriales de educación, salud, energía, infraestructura y producción con valor agregado del agro argentino. Esta debe ser la matriz de un Acuerdo Nacional diferente y sustentable.

De lo contrario, los argentinos tendremos que resignarnos al cinismo de los cambios gatopardistas. El príncipe Fabrizio en El Gatopardo le dice a su sobrino Tancredi: “Para que todo continúe igual es necesario que algo cambie”. Esto es lo que no hay que hacer si queremos evitar que dentro de 5 años volvamos a tener una nueva crisis económica y una nueva angustia social.

El autor es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN. Abogado, Universidad Católica de Córdoba. Sociólogo, Universidad Católica de Louvain.

Fuente: Un acuerdo nacional implica compromisos de políticas públicas para diez años