Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta

El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes la inhibición general de bienes a los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta en una causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor de Lázaro Báez.

La medida incluyó el “bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre“, según señala la resolución firmada por el juez. La inhibición se dispuso también contra otros investigados en la causa, como la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, además de  Juan Manuel Campillo y Juan Antonio Bontempo.

Ercolini debe aún debe resolver un pedido para citar a todos a declaración indagatoria hecho por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, algo que hará más adelante.

No obstante, en lo inmediato, dispuso la inhibición general de bienes para todos los imputados y el bloqueo de acceso a cajas de seguridad.

El juez entendió que la inhibición debe disponerse “para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa“, según la resolución.

Lázaro Báez (Infobae)

Los tres ex gobernadores, Abbona y otros imputados tienen pedido de indagatoria de la fiscalía porque se considera que, “desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron” -por acción u omisión- “al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.

El pedido se hizo en la causa donde ya fueron enviados a juicio oral por “asociación ilícita” y otros delitos la ex presidente Cristina Kirchner y los detenidos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido; su ex segundo, José López; y Báez, entre otros procesados. En total, se pidió citar a 36 acusados.

En el caso de Abbona, fue requerida por el rol que tuvo como titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz entre 2007 y 2010, antes de ser nombrada procuradora del Tesoro de la Nación.

En ese contexto, el rol de los ex funcionarios provinciales fue, para los fiscales, “imprescindible” a la hora de la “implementación y sostenimiento en el tiempo” de la maniobra.

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