“Son unos desconocidos, no sabemos quiénes son, cerca de la casa de ella hay una camioneta blanca que se lleva a las chicas”, dice una alterada Andrea Del Boca. La escena transcurre en un sencillo set de filmación que pretende ser un living. Allí, rodeada de un reducido grupo del reparto, la actriz mantiene el diálogo. “Tranquilícese señora”, recibe de respuesta.

Se trata de una escena del rodaje de “Mamá Corazón”, la novela que nunca salió al aire y este viernes se convirtió nuevamente en noticia después de que el juez Sebastián Ramos decidiera el procesamiento de la propia Andrea Del Boca, al ex ministro K Julio De Vido y a otros ocho imputados por el delito de “defraudación contra la administración pública”.

El ex ministro kirchnerista fue acusado como autor de ese delito y embargado por $ 60 millones. La actriz y productora, en tanto, fue procesada como “partícipe necesaria” y también embargada por $ 50 millones.

¿El motivo? En una resolución de 282 páginas, el magistrado planteó que a lo largo de la instrucción, “se ha permitido detectar una serie de inconsistencias e irregularidades. La maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”.

Las imágenes de la ficción, que nunca terminó de grabarse, recién trascendieron en noviembre de 2017, cuando Clarín accedió a algunas de ellas y las difundió.

Más allá de que Mamá Corazón nunca llegó a ser parte de la oferta televisiva en la Argentina, la empresa de Del Boca “A+A Group”  también buscaba vender el producto al exterior. Pero cuando quedó bajo la mira de la Justicia todo quedó en la nada.

De acuerdo al peritaje contable que los especialistas de la Corte Suprema realizaron, la productora y actriz -descontándole los impuestos-, en total cobró del Estado por intermedio de la USAM 24.474.954,17 pesos. Se trata de un 76% del presupuesto global. Otras producciones, por ejemplo, sólo recibían anticipos del 7%.

Según se desprende de la causa, la productora tuvo una ganancia de $ 3,26 millones, que fue el 12% de lo que pagó Planificación para la novela. En el expediente uno de los ejes buscaba determinar “por qué el ministerio destinaba fondos para telenovelas”. 

La contratación fue de  forma directa, triangulada entre la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Ministerio de Planificación, para la realización de 25 capítulos. El convenio para fue firmado en julio de 2015.

Hasta que se judicializó la causa, en la Casa Rosada aseguraban que iban a pagarle a Andrea del Boca los $8,8 millones adeudados, “para que terminara la novela”.

La decisión de los funcionarios había sido la de continuar con esa telecomedia, porque se encontraba en la etapa final. Pero luego se suspendieron los pagos.


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