Hay juegos donde la clave y el encanto consisten en descubrir el significado y las variantes ocultas detrás de cada movida, dando por supuesto que no todo lo que surge a simple vista es el todo. Pasa claramente en los juegos de la política y ha empezado a pasar con la partida que el Gobierno central y los gobernadores, sobre todo los peronistas, ya libran por cómo se repartirá el ajuste fiscal de 2019.

Este jueves fuentes oficiales dejaron trascender que días antes, durante una reunión que había mantenido con los ministros del Gabinete nacional, el Presidente había revelado que para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario era necesario recortar el gasto público en alrededor de $ 300.000 millones.

Es una montaña de plata que equivale a casi 10.000 millones de dólares, a tres presupuestos del Ministerio de Energía, con subsidios incluidos, o a cinco del Ministerio del Interior y de Obras Públicas.

En el relato que siguió aparece una clave del trascendido oficial: la Casa Rosada pretende que las provincias se hagan cargo de la mitad de esa poda, o sea, de unos $ 150.000 millones, resignando recursos que reciben del Tesoro Nacional. Al Gobierno le tocaría el resto.

Ahora estamos hablando de un monto similar a cinco meses de recaudación de Ganancias, el segundo impuesto del ranking de la AFIP después del IVA. O a siete meses de salarios de la Administración Pública.

Hubo algo más, en ese llamativo juego de datos: hasta ahora algunos especialistas privados y varios del palo oficial estimaban el costo del ajuste en poco más de $ 200.000 millones. Y si las cosas son como está contándolas el macrismo y no como lucían hace bien poco, las provincias verían aumentada su cuota en $ 50.000 millones.

Pregunta: ¿la porción que le toca al Gobierno también sube en la misma magnitud o no sube, porque considera parte de su contribución a los recortes que ya hizo este año? “Todo depende de dónde arranquen los números, pero será para ver si los gobernadores aceptan esa fórmula o se abre otra fuente de controversias”, dice un analista político.

Prestos a mostrar cuánta plata gira la Nación a las provincias, funcionarios del Ministerio de Hacienda enarbolan dos planillas pobladas de cifras. El resultado dice que sólo por el 15% de la coparticipación tributaria que antes retenía la ANSeS y ahora se les manda, el año próximo los Estados del interior recibirán 147.032 millones de pesos más que en 2018.

Y puestos a sumar otras partidas de la misma especie avanzan hasta $ 269.415 millones. El mensaje, obvio detrás de semejante chorrera de cifras, dice que a las provincias no les falta dinero y que bien pueden hacer el esfuerzo que se les pide. Previsible, la respuesta del otro lado del mostrador dirá que como todo eso forma parte de un pacto fiscal cristalizado en ley, no existe manera de imponerles nada. A negociar concesiones mutuas, pues.

Admitido desde despachos importantes del poder, en el trasfondo de la presión sobre los gobernadores flota el intento de tapar parte del agujero del sistema jubilatorio, creciente y tan enorme como que se asemeja a la mitad del déficit fiscal completo. Con los no menos notables intereses de la deuda incorporados.

Ya sin los fuertes ingresos que aportaba el blanqueo, esa urgencia sigue escalando. Y de nada vale a esta altura de la película lamentarse por las concesiones que se hicieron en el pacto fiscal y por el costo de la Ley de Reparación Histórica.

Siempre plata, hay de la grande y de la menos grande en el tironeo. Como se advierte en ciertos detalles:

– Los gobernadores del PJ han empezado a sondear la posibilidad de diferir un año o de achicar rebajas programadas en Ingresos Brutos, porque erosionan un impuesto que a muchas provincias les representa el 70% o arriba del 70% de la recaudación propia. El macrismo ya tiene resuelto bloquear el intento: “Estaríamos dando marcha atrás con mejoras en la economía que son imprescindibles”, dicen.

– Dentro del convenio con el FMI hay sin embargo una zona gris: justamente, la posibilidad de “extender el período de implementación” de algunos cambios contemplados en la reforma tributaria, “si fuera necesario para alcanzar metas fiscales”. Explican en Hacienda: “Tuvimos que ponerlo, pero sólo para situaciones que verdaderamente puedan jaquear la continuidad del acuerdo”.

– María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta están dispuestos a aceptar que les transfieran los subsidios al transporte automotor, aunque no todo y de un golpe, como pide el peronismo, sino por etapas. También admitirían que les pasen Edenor y Edesur, lo que implicaría correr únicamente con el costo político de validar aumentos de tarifas, pues ya no existen subsidios que bancar en la distribución de electricidad. Eso sí, nada de nada con AySA.

– De vuelta a los gobernadores peronistas. Reconocen que es imposible detener la guadaña que corta sin contemplaciones los fondos que les llegan de la Nación para gastos corrientes, como computadoras, libros escolares, planes alimentarios y algunas coberturas de salud. “Eso no depende de nuestra voluntad”, admiten.

– Habrá pelea, en cambio, por la continuidad del Fondo de Incentivo Docente. Macri ha resuelto que no será prorrogado, pese a tratarse de una partida que lleva dos años congelada. Como quiera que sea, es al fin plata para salarios y un buen motivo para tratar de colarlo en la ley del Presupuesto 2019.

– Finalmente, las obras públicas provinciales. El financiamiento que maneja el Gobierno nacional sale en cuentagotas o menos que en cuentagotas: cae 33%, cuando la inflación anual canta hoy 26,3% y va camino del 30%. Planteo de un ministro de Economía: “Si no van a poner la plata que prometieron, mejor que paren con los anuncios. Porque si nosotros no la tenemos y la obra se frena, la gente dirá que es culpa nuestra”.

Para esta misma semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tiene previsto cerrar y difundir los detalles del acuerdo con los gobernadores de Cambiemos. Si todo sale tal cual está pensado, habrá acto con foto, mensaje público destinado al peronismo y, desde luego, una evidente búsqueda por lograr la mayor cosecha política que sea posible.

Dentro del PJ dialoguista saben que si la estantería se cae, se cae para todos. Pero plantean varios peros juntos. Uno es que no van a permitir que les transfieran responsabilidades que le pertenecen por entero al macrismo ni, por lo mismo, aceptarán cargar con los costos del ajuste. Y otro, que negociarán fuerte hasta el último peso, porque, dicen: “Hablar de plata es igual a hablar de poder y en esta pulseada hay mucho poder en juego”.

Hay cosas que el acuerdo con el Fondo no resolverá por sí mismo y, entre ellas, una seria es la dependencia externa y su pariente directa, una vulnerabilidad permanente. Todo cierto, solo que hoy el Presidente corre atado al FMI contra vientos y mareas. 


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