AMAYA LARRAÑETA / AGENCIAS

Carmen Calvo

El Gobierno ha renunciado a la tramitación de las medidas urgentes contra la Violencia de Género por la vía del decreto ley, tal y como planteó en agosto, y ha propuesto al pleno del Congreso hacerlo por la vía de un proyecto de ley de urgencia para mantener el consenso y el mantenimiento de la lucha contra la violencia machista como política de Estado.

La nueva fórmula parlamentaria ha concitado el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara Baja, que ahora podrán realizar enmiendas a las medidas propuestas.

La intención primera del Gobierno era proponer que la aprobación de medidas como que las víctimas de violencia de género no tuvieran la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica o que los Ayuntamientos recuperasen la atención de la violencia de género, entre otras, a través de un real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Sin embargo, el difícil equilibrio de fuerzas del PSOE en el Congreso ha obligado a cambiar de idea del Gobierno en cuanto a la fórmula de la convalidación de las medidas. El Gobierno sabía que no contaba con el acuerdo del Partido Popular ni de Ciudadanos, que se oponían a que las medidas se tomasen por decreto, una situación que dificultaba que la violencia de género siguiera siendo política de Estado. Pero no contaban con que los nacionalistas catalanes tampoco apoyarían el decreto porque modifica la ley del bases del régimen local y propone transferir recursos a los consistorios sin contar con las administraciones autonómicas.

Por este motivo, y aunque días antes había defendido la oportunidad del decreto ley, la vicepresidenta Carmen Calvo ya planteó la semana pasada la posibilidad de tramitarlo en el Congreso como un Proyecto de Ley, si así lo solicitaba algún grupo parlamentario y obtiene el respaldo de la Cámara. Finalmente ha sido Calvo la que lo ha propuesto anticipándose al resto de grupos, aduciendo que el consenso entre las fuerzas políticas lo merece.

El 70% de las asesinadas no había denunciado

La vicepresidenta ha defendido en el Congreso la necesidad y urgencia de las medidas como requisito para reducir el porcentaje del 70% de mujeres asesinadas este año que no había denunciado previamente malos tratos. “La sociedad debe dar una respuesta más clara para que las mujeres sepan que estamos esperando para ayudarlas”, ha asegurado.

Las medidas contemplan que los ayuntamientos vuelvan a tener competencias para promover la igualdad y la lucha contra la violencia de género con este nuevo texto, que además, “fortalece” la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Además, pretende mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Según informaron fuentes del Ministerio de la Presidencia, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

El proyecto también reclama la modificación del Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica. Algunos juristas han mostrado dudas sobre la constitucionalidad de modificar el Código Civil mediante un decreto ley. No así Jueces para la Democracia, que respaldó las medidas urgentes contra el maltrato.

La vicepresidenta ha considerado en este sentido que la modificación del Código Civil “no afecta a derechos fundamentales” porque el progenitor denunciado tiene derecho a ser informado, a discrepar y a recurrir al amparo de la justicia. Sin embargo, la medida permitirá “proteger” a los niños y niñas víctimas de la violencia de género que llegan a los 18 años “sin ser socorridos” psicológicamente, ha defendido.

Patricia Reyes, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, celebró en su turno de valoraciones la rectificación del Gobierno que su grupo solicitó reiteradamente en la comisión del Congreso para la lucha contra la violencia de género. Anunció su voto favorable porque el nuevo trámite admite enmiendas. Desde Unidos Podemos, Sofía Castañón, también celebró que se tramite mediante un proyecto ley porque permitirá “debatir” las medidas más urgentes y anunció su voto a favor de unas “medidas prioritarias”. El Partido Popular ha celebrado que “la aritmética del Congreso y los votos del PP” hayan permitido cambiar el procedimiento para mejorar un texto, que considera contiene medidas bajo sospecha de inconstitucionalidad.


FUENTE