El jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, informó hace unos meses en la Cámara de Diputados de la Nación que el Estado destinará este año más de 130 millones de pesos en concepto de sueldos a obispos, sacerdotes e integrantes del clero católico. Es por eso que, a partir de estos datos brindados durante el informe mensual al Congreso, decidí presentar un proyecto de ley para derogar los decretos leyes que establecen las asignaciones remunerativas a integrantes del clero católico.

Si bien el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos.

Este apoyo económico se traduce en diversas formas: exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados.

Las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y el último, por Reynaldo Bignone.

-El decreto ley 21540, que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

-El decreto ley 21950, que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

-El decreto ley 22162, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

-El decreto ley 22430, que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

-El decreto ley 22950, que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

En un reportaje de radio, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, dijo: “Los 40 mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darles a los pobres”. Entonces, si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes, que no solo tienen la responsabilidad de dicho cometido público, sino además la obligación de rendir cuentas, obligación que no alcanza a los clérigos beneficiarios de dichos estipendios.

El debate público reciente en torno a los montos de las asignaciones mensuales a obispos pone sobre el tapete una cuestión más amplia y de fondo: ¿Resulta justo socialmente el mantenimiento de las asignaciones contenidas en las normas citadas? Esta pregunta también ha sido planteada en el seno mismo de la Iglesia Católica Argentina, que ha estado en los últimos días analizando el origen de parte de su financiamiento y planteando alternativas.

El obispo auxiliar de Buenos Aires e integrante del Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencia, monseñor Gustavo Carrara, de hecho, afirmó: “El tema de los sueldos es un debate que me parece que está bien y de hecho también se produjo en algunas oportunidades hacia el interior de la Iglesia. Esto viene de una vieja ley y la mayoría de los hermanos obispos que conozco lo que les ingresa lo usan para los más pobres y con buen criterio”. Y agregó: “Sí puede ponerse en discusión” la posibilidad de que ese aporte estatal “se tenga que hacer de otra manera”.

La sociedad argentina debe afrontar con esfuerzo y austeridad las limitaciones impuestas por una situación económica marcada por un déficit fiscal y una presión tributaria muy altos, al mismo tiempo que debe atender demandas sociales urgentes.

En este contexto por todos conocido, ¿es justo y razonable que el Gobierno nacional utilice recursos provenientes del esfuerzo de todos los argentinos, católicos y no católicos, para afrontar las asignaciones en cuestión?

El autor es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Interbloque UCR-Cambiemos.

Fuente: ¿El Estado debe pagar los sueldos de obispos y sacerdotes?