Cambiemos eligió una salida gradualista para revertir la deplorable situación en la que quedó sumergida la economía argentina luego de 12 años de populismo. Según los voceros del Gobierno actual, el gradualismo es la única solución posible dadas las restricciones políticas y sociales que deben enfrentar. Poco se dice si el gradualismo es una buena solución para los problemas actuales de la economía.

Transcurrido la mitad del mandato de Mauricio Macri, la mayoría de las soluciones planteadas no termina de arrancar. El crecimiento económico es lento. El volumen de inversión privada es muy inferior a lo anunciado. La inflación está en el mismo nivel promedio de los últimos 5 años y acaban de elevar en un 50% (shock de gradualismo) la meta para el 2018. A pesar de tener metas de baja de gasto difusas y graduales, el déficit fiscal total está por encima del 8%, impulsado por un gasto público astronómico e imposible de pagar por el sector productivo de la economía. El empleo público durante el período Cambiemos creció por encima del nivel en el que lo dejó el kirchnerismo, con un récord de cantidad de ministerios.

No se realizaron reformas de fondo que permitan pensar que este modelo busca objetivos distintos a los de los 12 años anteriores. Sin embargo, hay un área donde el Gobierno utilizó una estrategia distinta que, luego de un par de años, empieza a dar otros resultados. A diferencia del equipo económico, el Ministerio de Energía planteó objetivos mensurables y un norte claro hacia dónde quieren ir. Al igual que en Economía, la situación heredada en materia energética fue desastrosa. El déficit energético arrastró al modelo económico K, con una combinación de tarifas hiperatrasadas y servicios regulados quebrados (transporte y distribución de luz y gas).

En lugar de aplicar un gradualismo difuso, establecieron como objetivo volver a formar un mercado que organice la oferta y la demanda energética. Para lograrlo, se definió un período de transición, con cambios en las reglas de juego: apertura para comerciar libremente energía con el mundo y retomar los contratos de concesión. En materia de tarifas, se planteó un sendero con aumentos semestrales durante tres años hasta lograr que el precio pagado por los usuarios cubriera los costos de producción, transporte y distribución del servicio.

A la fecha se concretaron, previa audiencia pública, tres aumentos semestrales conforme a lo pactado originalmente. Esto ofrece certezas al sector privado. Ahora las empresas pueden proyectar ingresos futuros y de esta forma comprometer inversiones para mejorar la calidad de servicio y aumentar sus utilidades. Por otro lado, se financió con recursos públicos (creación de la tarifa social) a las personas afectadas durante esta transición. En el corto plazo, los usuarios van a estar pagando el costo real de la energía, sin que se haya producido un estallido social.

Con respecto a la regulación, el ministerio que conduce Juan José Aranguren trazó una transición hacia un mercado abierto, con restitución del sistema de precios y libre disponibilidad de los hidrocarburos. Los precios de los combustibles líquidos a partir de octubre 2017 se mueven con los precios internacionales como en el resto del mundo. En enero de 2018 se eliminaron las restricciones para importar estos combustibles. El precio del gas todavía está regulado en algunos sectores, pero va a fluctuar libremente una vez finalizados los tres años de transición tarifaria. En 2018 se va a terminar el monopolio del Estado en la importación de gas.

Se firmaron acuerdos que prohíben a las provincias crear nuevos impuestos al sector. Se actualizaron gremios y convenios colectivos de trabajo para incentivar el desarrollo de recursos hidrocarburíferos no convencionales. En poco tiempo se desmanteló gran parte de la regulación populista impulsada por los últimos gobiernos. Luego de más de 10 años de deterioro, se volvió a invertir en mantenimiento y ampliaciones de la infraestructura energética. Los cortes de suministro, tanto de luz para los hogares o de gas para las industrias, disminuyeron por mejoras en los tres eslabones de la cadena: generación, transporte y distribución.

El Estado se está corriendo del sector energético y no es casualidad que la mayor parte de la inversión privada de los últimos dos años se materialice en este sector. Las medidas de fondo —menor regulación, sistema de precios y límite a la voracidad fiscal— son el verdadero motor para atraer inversión privad, y no las agencias estatales de promoción de inversiones, los MiniDavos o las fotos con funcionarios. ¿A qué velocidad estaría creciendo hoy el PBI si hubieran aplicado esta misma estrategia al resto de la economía? ¿Si realmente nos queremos integrar al mundo, es posible plantear una transición de pocos años para eliminar la mayoría de los aranceles de importación e impuestos a las exportaciones? ¿Se puede fijar una baja real de impuestos? ¿Por qué se toma tanta deuda si ni siquiera pueden cumplir las metas graduales de baja de inflación y de gasto?

El Gobierno tiene la oportunidad de aplicar la estrategia que utilizó el Ministerio de Energía al resto de la economía. Esto es, establecer como objetivo la apertura de la economía y hacer reformas de fondo, apoyándose en un período de transición para contener damnificados. Ya cuenta con argumentos suficientes para cuestionar si realmente el gradualismo es la única alternativa posible, tal como lo planteó el ministro Nicolás Dujovne.

El auto es ingeniero industrial (ITBA). Trabaja en el sector Oil & Gas. Anteriormente trabajó como Project Manager y Consultor Sr. en distintos proyectos de la región.

Fuente: ¿Y si ponen a Aranguren al frente de la economía?