El Gobierno modificó una guía de actuación para investigar femicidios

en Politica el 30/11/2017

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución con los cambios.

El gobierno nacional modificó una guía de actuación que deben acatar las fuerzas policiales y de seguridad para la investigación de femicidios. La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La resolución reemplaza al anterior protocolo implementado en 2013, cuando se redactó por primera vez para atender el cambio de enfoque de los delitos cometidos por violencia de género.

Según el Ministerio de Seguridad, esa anterior guía se implementó “de manera exitosa” por las fuerzas de seguridad, pero debía ser revisada de acuerdo con las nuevas estrategias de investigación en la materia delineadas por los organismos multilaterales de la comunidad internacional.

De esta manera, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán adecuarse obligatoriamente a la nueva normativa en un plazo no mayor a los 30 días. Las policías provinciales fueron invitadas a adherir a la actualización, señaló el texto.

“Si bien para la investigación de una muerte violenta y las lesiones que pueden producirse en su cuerpo no se utilizan protocolos de trabajo diferentes en función del género de la persona u otra especificidad del estilo, las condiciones socio culturales por y dentro de las cuales se producen los femicidios suelen dejar rastros en los cuerpos de las víctimas y en el lugar del hecho. Estos rastros deben analizar en contextos más amplios que el individual e interpretados con perspectiva de género desde la primera intervención en el proceso de investigación”, se fundamenta en la guía.

El nuevo procedimiento (con título “Guía de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad para la investigación de femicidios en el lugar del hecho”) fue elaborado con la participación de dos mesas de trabajo interdisciplinarias, integradas por las cuatro fuerzas de seguridad federales, representantes del Poder Judicial y organismos especializados. Las reuniones se realizaron en agosto y septiembre del año pasado.

El texto de la normativa señaló que estas mesas de trabajo consensuaron “criterios para el abordaje de la investigación de femicidios por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en el contexto nacional, buscando optimizar los procedimientos aplicados y las formas de articulación con el resto de los organismos intervinientes en la investigación judicial, desde una perspectiva de derechos humanos, y en particular desde una perspectiva de género”.

Entre los asistentes de estos encuentros estuvieron representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Oficina de Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres, funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directivos del Equipo Argentino de Antropología Forense y representantes de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA).

Investigación de un femicidio en Mendoza. (Gentileza diario Los Andes)

La actualización de la guía busca adecuarse al “Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género femicidio/feminicidio”, publicado en el año 2014 por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Este modelo está regulado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue incorporado plenamente a través de la Ley 26.791 sancionada en el año 2012. Con esa legislación, se modificó el artículo 80 del Código Penal, cuando se incluyó entre los homicidios susceptibles de ser condenados con prisión perpetua aquellos que se cometen por razón de género, y eliminó la posibilidad de reducción de penas a quien matare a una mujer habiendo realizado anteriormente actos de violencia contra la víctima.

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Fuente: El Gobierno modificó una guía de actuación para investigar femicidios

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